La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha emitido una enérgica declaración en referencia a la detención del dirigente social Juan Grabois. La aprehensión se produjo después de que Grabois participara en la ocupación de la sede del Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Históricas Juan Domingo Perón, ubicada en el barrio porteño de Recoleta.

A través de sus redes sociales, la ministra Bullrich afirmó que «se terminó el vale todo», indicando que se recuperó un edificio que, según su perspectiva, fue «tomado por militantes que se creían dueños del Estado». La funcionaria elogió la actuación de la Policía Federal Argentina (PFA), destacando que los agentes operaron «con firmeza y eficacia» durante el operativo que incluyó el desalojo de los manifestantes.

Desde la óptica del Ministerio de Seguridad, la acción de Grabois constituyó una «usurpación», calificada incluso como «violenta» en reportes policiales previos, donde se reportaron lesiones a funcionarios y daños materiales, además de la presunta retención de efectivos y la violación de una puerta para acceder al inmueble. La policía informó haber recuperado el edificio de «manera pacífica».

Bullrich enfatizó que la detención de Grabois representa una medida que, según su criterio, «ningún gobierno hizo» antes: detener a «el piquetero que promueve y ejecuta las usurpaciones». Fue categórica al señalar que en la Argentina actual «la ley se cumple con orden» y que ni Grabois ni otros dirigentes políticos poseen ya los «privilegios que tuvo». La ministra concluyó su mensaje con una advertencia directa: «Grabois: las hacés, las pagás», instando a poner fin a lo que describió como «vivir del pasado y del bolsillo de los argentinos».

Juan Grabois, tras su detención, fue trasladado a la sede de la Superintendencia de Investigaciones Federales en Villa Lugano.

La ocupación del Instituto Perón por parte de Grabois y otras personas, estimada en alrededor de 50 participantes según informes, tuvo como motivación principal, según la versión del dirigente, «reclamar el derecho a la memoria histórica» y oponerse a lo que consideró un «avasallamiento dictatorial del gobierno de Milei», mencionando directamente a la ministra Bullrich . Por su parte, el Partido Justicialista Nacional calificó la detención como «ilegal, sin orden judicial» .

La decisión gubernamental de disolver el Instituto, que motivó la ocupación, fue anunciada previamente por el vocero presidencial y justificada como una «carga presupuestaria injustificada», con planes de reconvertir el espacio para otros fines.

Durante el tiempo que Grabois estuvo bajo custodia, una importante cantidad de personas se congregó en las inmediaciones de la dependencia policial para demandar su liberación, incluyendo a diversas figuras del ámbito político y periodístico. Paralelamente, el presidente Javier Milei celebró la detención del dirigente social mediante publicaciones en redes sociales.