El dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, recuperó su libertad durante la madrugada de este domingo. Su liberación se produjo después de permanecer aproximadamente doce horas detenido.

La detención de Grabois ocurrió tras su participación en la ocupación del Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Históricas Juan Domingo Perón. Esta sede, ubicada en Austria 2601 en el barrio de Recoleta, fue recientemente disuelta por decisión del Gobierno. La acción derivó en un amplio operativo policial que concluyó con la detención de Grabois y varios manifestantes.

Desde la perspectiva de Grabois, no existía una «imputación específica» para su detención. Calificó la acción como una «permanencia pacífica», cuyo objetivo era «reclamar el derecho a la memoria histórica» y frenar lo que describió como un «avasallamiento dictatorial del gobierno de Milei», señalando particularmente a Patricia Bullrich, a quien tildó de «mujer muy perversa». El Partido Justicialista Nacional apoyó esta postura, exigiendo la liberación de Grabois y calificando la detención como «ilegal, sin orden judicial», argumentando que los detenidos defendían el patrimonio peronista.

Por otro lado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró la actuación de la Policía Federal Argentina (PFA). Describió el evento como una «usurpación violenta». El comisario general Luis Rolle, jefe de la PFA, complementó esta versión, indicando que hubo «lesiones a cuatro funcionarios» y «daños materiales». Según el reporte policial, los efectivos habrían sido retenidos «contra su voluntad», y se mencionó que los militantes violentaron una puerta para ingresar. La policía afirmó haber recuperado el Instituto «de manera pacífica». Alrededor de 50 personas habrían ingresado al edificio, y se colgaron banderas desde los balcones con consignas como “Si no podés elegir, no hay democracia” y “Defendamos nuestra historia”. El operativo policial se desplegó el sábado alrededor de las 14 horas.

La decisión gubernamental de cerrar el Instituto Perón había sido anunciada el 7 de mayo por el vocero presidencial Manuel Adorni. La justificación oficial fue que representaba una «carga presupuestaria injustificada». Según datos del Ministerio de Capital Humano, el instituto contaba con 20 empleados y demandaba más de 400 millones de pesos anuales sin realizar investigaciones activas. El Gobierno planea reconvertir el edificio en una biblioteca para personas con discapacidad y adjudicar el restaurante que funciona en su interior a un emprendimiento para jóvenes neurodivergentes.

Durante la noche del sábado, mientras Grabois permanecía detenido en la Superintendencia de Investigaciones Federales en Villa Riachuelo, una multitud se congregó en las afueras para exigir su libertad. Entre los presentes se encontraban diputados como Itai Hagman, Natalia Zaracho, Horacio Pietragalla, el senador Federico Fagioli, y otros legisladores como Leandro Santoro y Juan Manuel Valdez, así como los periodistas Alejandro Bercovich y Ángela Lerena. El presidente Javier Milei, por su parte, celebró la detención de Juan Grabois mediante un reposte en redes sociales.

Tras su liberación, Grabois también dedicó críticas a las condiciones de detención. Describió las oficinas del personal de seguridad como «inhumanas», «vetustas, sin calefacción, llenas de ratas», y con equipamiento obsoleto. Afirmó que, de llegar a ser presidente, modificaría estas condiciones para mejorar la situación del personal.