La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó hoy la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la denominada causa Vialidad. El máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó por unanimidad los recursos de queja presentados por la defensa de la ex mandataria.

La decisión de la Corte agota las vías ordinarias de apelación en el proceso judicial, sellando un «capítulo central en la relación entre el poder político y la Justicia en la Argentina», según se destaca en el reporte. El fallo se conoció en la tarde de este martes, tras una reunión de los ministros convocada a las 16:00 horas para resolver el expediente.

La condena original, dictada por el Tribunal Oral Federal 2 en diciembre de 2022, encontró a Fernández de Kirchner culpable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado por irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. Según el fallo ratificado, el esquema favoreció a las empresas del empresario Lázaro Báez, también condenado junto a otros ex funcionarios como José López. La sentencia inicial ordenó el decomiso de $84.835 millones, cifra que un denunciante en la causa estima hoy cerca de $90.000 millones.

En sus fundamentos, la Corte sostuvo que «el debido proceso ha sido salvaguardado» y que la sentencia previa está «fundada en ley» y se asentó en la «profusa prueba producida». Se remarcó que la ex presidenta «relegó la ventaja económica para la administración pública por la ventaja económica para intereses particulares». Los ministros rechazaron los cuestionamientos de la defensa sobre supuesta parcialidad del tribunal y la valoración de pruebas, considerándolos una «reedición» de argumentos ya descartados por instancias inferiores.

Es importante señalar que la Corte dejó firme la absolución por el delito de asociación ilícita, desestimando un recurso del Ministerio Público al considerarlo «inadmisible».

La ratificación de la condena tiene un impacto directo en el calendario electoral y en la conducción de Unión por la Patria. De confirmarse la inhabilitación, Cristina Kirchner no podría ser candidata a diputada por la tercera sección electoral.

La ex presidenta Cristina Kirchner se refirió al fallo desde la sede del Partido Justicialista (PJ), donde se encontraba reunida con dirigentes. Calificó a la Corte Suprema como un «triunvirato de impresentables» y al fallo como un «cepo al voto popular» que se suma al «cepo del salario» del gobierno actual. Denunció que la causa tiene un «cronograma electoral maravilloso», con el fallo saliendo un mes antes de la oficialización de candidaturas, y afirmó que pretenden que el «campo nacional y popular no pueda organizarse» cuando el presidente actual, a quien llamó «monigote», «finalmente se caiga». Previamente, había manifestado que «estar presa es un certificado de dignidad» y que «el pueblo siempre vuelve», denunciando una «persecución judicial» orquestada por sectores del poder económico y mediático.

Desde el Frente de Izquierda, la dirigente Myriam Bregman calificó el fallo de «infame» y un «claro avance antidemocrático» que debe ser «repudiado». Consideró que una condena busca «excluir a dirigentes opositores del proceso electoral» y representa un avance preocupante del Poder Judicial sobre la política14. Advirtió que la proscripción de Cristina sería una «restricción a la democracia» y un intento de disciplinamiento al movimiento peronista.

La diputada nacional por Unión por la Patria, Paula Penacca, fue categórica al afirmar que «los jueces son títeres del poder económico que maneja Milei» y que los «grandes grupos económicos les dictan las sentencias». Denunció que el oficialismo es parte de este «dispositivo de justicia» y que «no solo persiguen a Cristina, persiguen al peronismo».

El gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien participó del encuentro en el PJ en respaldo a la ex presidenta, es mencionado como uno de los pocos gobernadores que la respaldaron públicamente junto a Quintela e Insfrán.

Otras figuras del peronismo también expresaron su apoyo. Juan Grabois advirtió que si Cristina es condenada, sería el «inicio de una virtual dictadura». Sergio Massa había alertado que «puede ser culpado cualquier líder», y se comunicó con la ex mandataria, preparándose el Frente Renovador para emitir un comunicado de apoyo. El ex ministro Aníbal Fernández defendió enfáticamente a Cristina Kirchner, afirmando que «por Cristina pongo las manos en el fuego» y negando su vinculación directa con hechos de corrupción, aunque reconoció la existencia de casos durante los gobiernos kirchneristas.

En una postura diferente, el ex presidente Alberto Fernández había declarado previamente: «A los opositores no se los persigue, se los juzga». Por su parte, el denunciante en la causa, Ricardo Stoddart, había anticipado el rechazo del recurso de queja y afirmó que Cristina Kirchner no solo deberá cumplir la condena sino también «devolver el dinero» estimado en casi $90.000 millones.

Previo al fallo, hubo reportes de piquetes simultáneos complicando accesos a la Ciudad de Buenos Aires, y se hablaba en el PJ de un posible «plan de movilización popular» si se confirmaba la condena.