Tras la confirmación de la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Poder Ejecutivo ha anticipado que su detención, en caso de concretarse, será «respetuosa» y buscará evitar cualquier «show» público del suceso. Esta postura se enmarca en una clara intención de diferenciarse de administraciones anteriores, específicamente del macrismo, a quienes atribuyen la generación de imágenes «humillantes» como la del exvicepresidente Amado Boudou, esposado y en pijama.

Fuentes gubernamentales han asegurado que «la foto humillante no va a estar», y remarcan que tales exposiciones eran características del gobierno anterior. Se prevé que el proceso de detención será «lo más cuidado posible». A pesar de esta anticipación, en la Casa Rosada predomina un clima de incomodidad respecto a la sentencia de la Corte Suprema, y el Ejecutivo se mantiene firme en la línea de que se trata de un proceso exclusivamente judicial, no político.

En cuanto al procedimiento, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), a cargo del juez Jorge Gorini, será quien defina el lugar exacto de comparecencia y, eventualmente, de detención de la exmandataria. Gorini ha otorgado un plazo de cinco días hábiles para que Cristina Kirchner se presente en los tribunales de Comodoro Py. Existe la remota posibilidad de que deba permanecer detenida en un establecimiento de las fuerzas federales si no se acepta el pedido de prisión domiciliaria de la defensa. Aunque el Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, ha afirmado formar parte del debate sobre este lugar, la defensa legal de la expresidenta disputa su competencia.

Los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, han presentado una solicitud ante el Tribunal para que la exmandataria cumpla su condena de seis años de cárcel en su departamento del barrio de Monserrat, sin necesidad de pasar por una alcaldía. Argumentan que las condiciones de aislamiento y vigilancia requeridas pueden garantizarse en la privacidad de su hogar, y han reclamado que el proceso se realice sin el uso de tobillera electrónica, dado que contaría con custodia permanente.

El abogado defensor Gregorio Dalbón ha enfatizado que el Ministerio de Seguridad carece de injerencia en la determinación del lugar de detención, señalando que esta decisión corresponde exclusivamente al Tribunal Oral Federal 2 y, posteriormente, a un juez de ejecución. Dalbón considera que la detención de una expresidenta, que además sufrió un intento de magnicidio, altera los protocolos usuales, por lo que el procedimiento debería realizarse directamente en su domicilio.

Paralelamente, Dalbón ha escalado el caso a instancias internacionales. Ha presentado una acción ante la Corte Penal Internacional en La Haya y se espera que la próxima semana eleve una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El objetivo es solicitar la aplicación de un recurso de revisión de la sentencia condenatoria de la Cámara Federal de Casación, lo que, según la defensa, podría llevar a la recusación de los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos.