Maximiliano Pullaro y la UCR respaldo la ratificación de la condena a Cristina Kirchner: «Fue justicia, no proscripción»

La confirmación de la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema de Justicia ha generado diversas reacciones políticas, con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la Unión Cívica Radical (UCR) de Santa Fe defendiendo la resolución como un acto de justicia y negando cualquier implicación de proscripción política.

El gobernador Pullaro afirmó que la decisión del máximo tribunal «fue justicia, no proscripción». Si bien lamentó que la causa haya tardado diecisiete años desde su inicio en 2008 hasta la ratificación de la sentencia, generando «mucha tensión», consideró que este fallo abre «una nueva etapa en la Argentina». En su análisis, lo fundamental es que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, y la Corte Suprema ratificó las decisiones de instancias judiciales previas, demostrando que en Argentina no hay impunidad. Pullaro describió el día del fallo como «importante», que debería servir para la reflexión.

El mandatario provincial reconforta la idea de que incluso una persona con gran poder deba responder por sus delitos con pena de prisión. Sostuvo que la corrupción golpea la democracia y la credibilidad de los funcionarios públicos. Además, desestimó la idea de que la decisión judicial busque «ponerle cepo al voto popular», argumentando que el kirchnerismo busca mezclar la cuestión política con la legal. Señaló que la expresidenta no se defendió en profundidad sobre los detalles de la causa, sino con acusaciones políticas de lawfare. Para Pullaro, la condena está vinculada a delitos graves cometidos en función pública que deben ser pagados con pena de prisión, y no tiene relación con ningún tipo de proscripción.

Respecto al momento del fallo, Pullaro rechazó la noción de un manejo particular de los tiempos por parte de la Corte, sugiriendo incluso que la propia expresidenta pudo haber anunciado su candidatura al comprender que los tiempos judiciales se agotaban, especialmente tras el fracaso de una iniciativa de «ficha limpia» en el Congreso. Enfatizó que el fallo clarifica que en Argentina no existe impunidad, que todos son iguales ante la ley, y que el proceso judicial ha ratificado una condena que debe ser cumplida. Aunque reconoció que la situación erosiona y perjudica el sistema democrático, instó a que sirva para que la sociedad sea «mejor y más transparente». En este contexto, hizo referencia a la oportunidad de la reforma constitucional en Santa Fe para terminar con los privilegios, asegurar una justicia independiente y un Ministerio Público de la Acusación fuerte, con el fin de que «el que las hace las termina pagando».

Por su parte, la Unión Cívica Radical de Santa Fe emitió un comunicado calificando el fallo de la Corte como una «medida ejemplar que marca el camino a seguir». La UCR provincial subrayó que la confirmación de la condena por actos de corrupción no es «persecución ni proscripción», sino «justicia». Desde el Comité Provincial de la UCR se argumenta que esta decisión busca la verdad y la justicia, sentando un precedente para consolidar la transparencia republicana en los actos de gobierno.

La UCR Santa Fe enfatizó la importancia de respetar el fallo para honrar las instituciones democráticas, reafirmando que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Sostuvieron que la sociedad debe comprender que la corrupción es uno de los mayores males actuales, que debe ser desterrado mediante el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas. El partido destacó su trayectoria en el combate contra la corrupción y la defensa de las instituciones, presentándose como un reflejo de sus principios para construir una sociedad honesta, responsable y trabajadora, que busca la igualdad social y el respeto a las normas fundamentales del país.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia confirma una pena de seis años de prisión para la expresidenta por irregularidades en la concesión de obras públicas durante su mandato (2007-2015), incluyendo la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia implica una detención domiciliaria debido a su edad y su inhabilitación como candidata.


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