El Gobierno de Javier Milei, a través del Consejo de Mayo, prepara una «segunda generación» de reformas estructurales, con prioridad en las áreas laboral e impositiva, que buscará impulsar en el Congreso tras el recambio legislativo de diciembre. Estas iniciativas apuntan a reducir la elevada informalidad laboral, que llegó al 42%, y a generar condiciones para el empleo formal, pero su aprobación pende de la compleja negociación política para asegurar los votos necesarios y construir consensos.

La Casa Rosada ha lanzado el Consejo de Mayo, un espacio diseñado para buscar consenso sobre políticas y reformas de largo plazo que el presidente Javier Milei aspira a poner en discusión en el Congreso Nacional a partir del próximo recambio legislativo, previsto para diciembre de este año. Aunque el Consejo se presenta como un ámbito de debate, las iniciativas estarán fuertemente condicionadas por los deseos del Gobierno, que ya las está formulando.

Estas son consideradas por el Gobierno como asuntos «sensibles» y forman parte de una nueva “generación” de paquetes estructurales contemplados por Milei. Entre las principales se encuentran la reforma laboral, la impositiva y la previsional, si bien esta última podría demorarse más allá de 2026 debido a los tiempos del mercado laboral.

La reforma laboral y la impositiva son consideradas fundamentales para bajar los costos de generación de empleo y, con ello, reducir los incentivos de emplear a personas de manera informal. El objetivo es «achicar mucho la informalidad» y «aumentar la torta de contribuyentes». Datos recientes de INDEC muestran que la informalidad laboral se ubicó en torno al 42% en el último trimestre de 2024, tras un pico del 42,6% en el tercer trimestre. La desocupación, por su parte, alcanzó el 7,9% en el primer trimestre de 2025.

Actualmente, la reforma laboral está siendo coordinada por los ministerios de Capital Humano (a través de la Secretaría de Trabajo), Economía y Desregulación, bajo la órbita de Sandra Pettovello, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, respectivamente. Federico Sturzenegger, quien integra el Consejo de Mayo, ha dialogado con representantes sindicales como Gerardo Martínez (UOCRA/CGT), quien aseguró que la CGT presentará su propia propuesta. Martín Rappallini, presidente de la UIA, también se mostró abierto al diálogo sobre la modernización de los convenios colectivos de trabajo, destacando la rigidez del sistema actual.

El Presidente Milei ha manifestado públicamente que ya se han avanzado en «2500 reformas» y que seguirán realizando más, aunque reconoce que muchas necesitan aprobación del Congreso y que “a los gobiernos no peronistas se les exige más”.

La viabilidad de estas reformas depende en gran medida de las adhesiones políticas que el Gobierno logre conseguir en el Congreso. Se han observado tensiones, como las abstenciones de legisladores cercanos a Mauricio Macri en votaciones clave, lo que podría complicar al oficialismo a la hora de sostener un eventual veto presidencial. Esta dinámica se replica con algunos gobernadores, quienes, afectados por la menor transferencia de fondos nacionales y la competencia de La Libertad Avanza en sus territorios electorales, no garantizan un apoyo lineal.

Existe una diferencia de criterios dentro del propio Gobierno entre la administración gubernamental, liderada por Santiago Caputo, y la partidaria, en manos de Martín y Eduardo “Lule” Menem. Fuentes internas señalan que «lo partidario ahora termina siendo clave en lo gubernamental» para garantizarse los votos en el Congreso el año próximo, lo que refleja una de las internas de poder más significativas en la atmósfera libertaria.