El Gobierno avanza con su política de «motosierra» y anunció que más de 20.000 clubes de barrio deberán someterse a un proceso obligatorio para revalidar sus subsidios en tarifas de luz y gas. La medida, justificada oficialmente como una búsqueda de «focalización», es considerada una «decisión política» que afectaría al 70% de estas instituciones, muchas sin papeles al día, y representa un nuevo recorte de derechos para las clases populares.

El Gobierno de Javier Milei ha iniciado una segunda etapa de su política de «motosierra» y recortes, dirigiendo su atención hacia los estratos más vulnerables del deporte. Este miércoles, se anunció que los clubes de barrio y pueblo deberán realizar un proceso obligatorio de revalidación de inscripción para poder conservar los subsidios en sus tarifas de luz y gas natural.

Aunque se esperan los detalles de la medida a través del Boletín Oficial, esta disposición afectaría a más del 70% de casi 20.000 clubes. Según un relevamiento del Observatorio Social y Económico de Clubes de Barrio, muchas de estas instituciones no cuentan con los papeles al día debido a la falta de acompañamiento estatal.

La versión oficial del Gobierno Nacional, a través de la Subsecretaría de Planeamiento Energético, es que se busca constituir «nuevos criterios de inclusión y exclusión para garantizar la focalización de la subvención». El vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó la medida argumentando que “los argentinos han financiado con subsidios a clubes de élite, profesionales o con fines comerciales”.

Sin embargo, fuentes cercanas a la problemática señalan que se trata de una «decisión política», una nueva cruzada del oficialismo para «recortar derechos» y generar otro conflicto con las clases populares. Advierten que esta acción perjudicará directamente a las sociedades de fomento y clubes de barrio que cumplen un rol determinante en lo social.

Según el mismo informe del Observatorio Social y Económico de Clubes de Barrio, la proporción del gasto en subsidios a alrededor de 20.000 clubes representa el 1,74% del Producto Bruto Interno (PBI).

Esta medida se enmarca en un contexto de importantes ajustes económicos implementados por el gobierno. En el ejercicio 2024, el mayor recorte del gasto primario recayó sobre jubilaciones y pensiones, que representó el 47% de las erogaciones del Estado. Además, durante 2024, el Gobierno recortó un 40% en Educación, destinando solo el 0,88% del PBI a esta área, un porcentaje menor al año anterior (0,91%) y al 1,48% de 2023.

En el ámbito laboral, el primer trimestre de 2025 mostró un aumento significativo del desempleo, alcanzando su punto más alto bajo el gobierno de Javier Milei con un 7,9% de desocupados, equivalente a 1,1 millones de habitantes. Esto supone un incremento de unas 200.000 personas sin trabajo en comparación con el 6,4% del trimestre previo (el último de 2024)6. La región del Gran Buenos Aires registró la mayor tasa de desocupación con un 9,1%, lo que se interpreta como un «perfecto síntoma de la destrucción industrial que genera el modelo aperturista del Gobierno». Además de la destrucción de puestos de trabajo, el Indec también reportó un aumento en la precariedad laboral, con la aparición de casi 250.000 nuevos cuentapropistas en un año.